viernes, 30 de mayo de 2014

CONCLUSIONES DEL II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Barcelona 15 y 16 de mayo de 2014)



1.- Las familias deben poder participar en las decisiones sobre los objetivos de la intervención que reflejen sus percepciones y necesidades, en el día a día con sus hijos.


2.- Los padres deben ver reconocida su "expertez" en relación con el desarrollo de sus hijos/as con necesidades de apoyos especiales, pero es importante recibir la orientación y el apoyo de los servicios específicos para que puedan trabajar juntos.

3.- Resulta necesario fomentar la reflexión en el seno de los equipos de profesionales acerca del tránsito de un modelo de experto y centrado en el déficit hacia un modelo de colaboración y centrado en las posibilidades; es decir, dar prioridad al "empoderamiento" de las familias.

4.- El modelo de “colaboración” (partnership) (profesionales-familias) se revela como el marco de relación con las familias más favorable y eficaz.

5.- La relación y comunicación entre profesionales y familias basada en la confianza son los apoyos más importantes y que más impacto tienen en la calidad de vida de las personas con DID y sus familias. En este sentido, para avanzar en la colaboración entre profesionales y familias se proponen tres claves: tiempo, trabajo en el entorno familiar y en la comunidad y servicios más accesibles.

6.- Necesidad de promover la transformación de los servicios dirigidos a las familias con hijos con DI, a lo largo del ciclo vital, de forma que respondan a sus necesidades y se implementen de acuerdo con un modelo centrado en la familia.

7.- Entre las necesidades prioritarias definidas por las familias se hallan la información y orientación a lo largo de la vida; disponer de tiempo para planes personales y conciliación; la calidad de los servicios dirigidos a sus hijos y, en particular, los educativos; apoyos y prestaciones económicas que ayuden a superar el sobreesfuerzo económico.

8.- Es importante poder disponer en el futuro de un instrumento que permita conocer las necesidades prioritarias de las familias, para ajustar las decisiones respecto de los apoyos. En este sentido, el Family Needs Assessment que se está estandarizando en diversos países, entre ellos España, se revela como un instrumento útil.

9.- Se pone de manifiesto la importancia de disponer de un Plan Individual de Apoyo Familiar que sea flexible, compartido entre la familia y el profesional, funcional y abierto. La finalidad del PIAF es capacitar a las familias para que a través de sus fortalezas, apoyos informales y rutinas puedan dar respuesta a sus prioridades/necesidades y servir de brújula a lo largo de todo el proceso.

10.- El trabajo con las familias debe perseguir la mejora de los resultados en la familia (family outcomes) en términos de una mayor calidad de vida (bienestar y satisfacción de las familias y progreso de los niños).

11.- Las políticas de inclusión se revelan como las más efectivas para reducir la relación directa entre discapacidad, pobreza y exclusión.

12.- El trabajo y apoyo a los hermanos para que se sientan partícipes desde el primer momento, disminuye la angustia ante el futuro de la familia y cuando falten los padres. Deben promoverse talleres y grupos de hermanos para compartir experiencias, sentimientos, y reconocer su propio rol.

13.- Se ha puesto de relieve la necesidad de trabajar la comunicación y el lenguaje en los contextos naturales, aprovechando las rutinas del día a día, tanto en la familia como en la escuela.

14.- La calidad de vida de las familias de personas con TEA guarda una clara relación con la percepción de apoyo que tenga la familia y la persona. Los factores que intervienen en que los familiares se adapten adecuadamente a la persona con TEA son: los apoyos sociales de la familia, la percepción de lo que esta pasando, las estrategias de afrontamiento para la resolución de situaciones.

15.- Es necesario aproximar la investigación a las prácticas profesionales si se desea promover cambios en los servicios de atención a las familias.

16.- Es necesario que se promueva la investigación en “resultados familiares” (family outcomes) y sea considerada prioritaria en la agenda de investigación en España (Planes de I+D+I). En este sentido, es urgente investigar hasta qué punto las políticas sobre discapacidad en España promueven la calidad de vida de las familias con hijos con discapacidad a lo largo del ciclo vital.

Barcelona, 15 y 16 de mayo de 2014



miércoles, 28 de mayo de 2014

Advierten que la reforma del Código Penal atenta contra los derechos de las personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual

26/05/2014
FUENTE: SERVIMEDIA
Expertos, entidades representativas de personas con discapacidad y miembros de partidos políticos advierten que la reforma de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, que se encuentra en trámite parlamentario, atenta contra la libertad y los derechos de las personas con enfermedad mental y las personas con discapacidad intelectual.
En dicho proyecto, aseguran, se establece una “perversa” correlación entre estas personas y la peligrosidad, así como medidas de seguridad 'sólo' para ellas, lo que resulta “claramente discriminatorio”, insisten.
Así se señala en un reportaje publicado en el número 124 del periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Desde la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), la abogada y defensora jurídica, Irene Muñoz, denuncia que no hay centros adecuados para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual que han cometido un delito y han sido absueltos por no ser responsables de sus actos.
Para FEAFES, “no existe una atención socio-sanitaria adecuada para las necesidades de estas personas”, algo que es “fundamental” como medida preventiva y “necesario” como alternativa al encierro en cualquier institución penal. Además, según el actual Código Penal, si una persona comete un delito y se le considera no imputable, lo habitual es que se le aplique el internamiento en un centro psiquiátrico, en el que no podrá estar ingresado más tiempo del que hubiera tenido que cumplir si hubiera ido a la cárcel.
Reforma del Código Penal
El proyecto de reforma del Código Penal presentado por el Gobierno actual, “abre la posibilidad de que una persona pueda ser internada en un centro psiquiátrico de manera indefinida, a través de la figura de las medidas de seguridad prorrogables, sin establecer un límite de prórrogas, algo que, en la práctica, se convertiría en una especie de cadena perpetua”.
En cuanto a la relación de la enfermedad mental o discapacidad intelectual con la peligrosidad, FEAFES opina que es “discriminatorio” y que, además, “ayuda a mantener los prejuicios y dificultan la integración social”. “El 3% de las personas con enfermedad mental grave ha cometido un delito, un porcentaje muy inferior al del resto de la población” y, por eso, para Irene Muñoz, “la idea de que estas personas son peligrosas y hay que reducirlas y excluirlas para que no haya alarma está fundada en datos que no son reales”.
Por su parte, el diputado del PNV en el Congreso de los Diputados y portavoz en la Comisión de Justicia, Emilio Olabarría, añade que, además de discriminatorio, resulta “inconstitucional”, por lo que están pidiendo una retirada del texto en su conjunto, precisamente, por basarse esta reforma en un concepto jurídicamente no mensurable como es la peligrosidad.
Las medidas de seguridad también son rechazadas por otros grupos parlamentarios, tal y como afirma la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, quien muestra su “rechazo frontal” al proyecto por considerarlo “la criminalización de las personas con enfermedad mental”.
La portavoz de Justicia de CiU, Montse Surroca, opina lo mismo y añade que "el concepto de peligrosidad es un concepto jurídico indeterminado y la valoración que se tiene que hacer sobre si una persona puede ser peligrosa en un futuro comporta unos niveles de arbitrariedad e inseguridad y estigmatiza a las personas por el hecho de tener una enfermedad mental”.
Desde la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), reconocen que el trastorno mental vuelve desde el campo sanitario hasta el jurídico-penal, ya que, antes que enfermedad, “es vuelto a considerar peligro o amenaza”. “Resulta muy grave la mutación de un derecho penal del hecho en derecho penal de autor”, indica, al tiempo que explica que el primero exige contextualizar las conductas, analizar el hecho delictivo en sus circunstancias y extraer de tal análisis los motivos y las eventuales consecuencias. Mientras, el segundo permite descontextualizar las conductas, vinculándolas a las características personales del sujeto.
Para la AEN, el proyecto de reforma del Código Penal forma parte de un conjunto de medidas legislativas “destinadas a la sustitución apresurada de nuestro precario estado de bienestar por un estado caritativo que culminará en un estado penal, proceso en el que las políticas sociales están siendo progresivamente sustituidas por políticas de vigilancia y control, que incluye la contención punitiva de las categorías sociales más desfavorecidas".
El presidente de FEAFES, José María Sánchez Monge, ya pidió en el Congreso de los Diputados la retirada, por “injusta”, de la asociación entre los términos “peligrosidad” y “enfermedad mental” de la reforma del Código Penal. “Las personas con enfermedad mentales no son en sí peligrosas, lo que ocurre es que, por su enfermedad, pueden cometer a veces actos que por sí pueden ser considerados peligrosos”, advierte.
Asimismo, FEAFES, que ha elaborado una serie de recomendaciones para que los grupos parlamentarios las tengan en cuenta a la hora de tramitar el proyecto de ley, recomienda que la Ley tenga un mayor enfoque de derechos humanos, a la luz de la Convención de la ONU, así como que se incorpore en la exposición de motivos de la norma la perspectiva de que muchas de las situaciones de riesgo que afectan a las personas con trastorno mental y las hacen cometer un hecho delictivo “se pueden prevenir desde una red de servicios socio-sanitarios adecuada, que atienda a la persona desde una perspectiva integral”.
También aconseja que se busquen alternativas a la prisión ordinaria para las personas que, teniendo que cumplir una condena, presenten también un trastorno mental y por no primar el internamiento en centros penitenciarios ni en centros psiquiátricos por encima de tratamientos en el ámbito socio-sanitario, “mucho más adecuado para tratar con dignidad este tipo de problemas de salud”.

viernes, 23 de mayo de 2014



La X Solidaria impulsa el voluntariado y una ciudadanía más comprometida


Según la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) más de un millón doscientas mil personas voluntarias se dedican a la acción social, es decir, realizan acciones de acompañamiento con personas desfavorecidas.
El perfil del voluntariado en nuestro país es mayoritariamente femenino (64,4%).
Por otra parte, las personas que hacen voluntariado, menores de 35 años, ascienden al 46,9% del total. Se constata el creciente número de personas mayores de 65 años que se suman a esta tarea altruista, con una presencia del 9,2%.
Los datos de la última encuesta de la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) sobre voluntariado muestran que de las 6.543 personas identificadas como voluntarias de esta entidad en toda España, más mujeres que hombres, han aumentado en el tramo de edad de entre 30 y 45 años, manteniéndose en el que va desde los 18 a los 30.
Según FEAPS, las áreas de actuación mayoritarias de su voluntariado siguen siendo el ocio y el deporte, aunque otro dato relevante muestra que existen personas voluntarias dedicadas a más de un área determinada. Esto vendría a demostrar con hechos que, poco a poco, los apoyos del voluntariado se van individualizando hacia las necesidades de cada persona y cada familia.
La Plataforma del Voluntariado de España considera que los programas que impulsan la acción solidaria generan una ciudadanía más activa y comprometida con su entorno, dispuesta a participar en la resolución de los problemas que nos rodean y a construir una sociedad más justa. 
Los programas de interés general subvencionados con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas financian actividades de voluntariado de importantes organizaciones, como Cruz Roja Española, Cáritas Española, Plataforma del Voluntariado de España, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) o Asociación Española contra el Cáncer.
Cruz Roja Española desarrolla 50 proyectos que beneficiarán en 2014 a una población cercana a las 500.000 personas. La intervención se desarrolla con el apoyo de más de 29.000 personas voluntarias, aparte del personal remunerado. En 2013, el número de personas voluntarias de la Institución continuó aumentando (ya sobrepasa los 200.000), lo que ha supuesto una mayor capacidad de acción ante las demandas emergentes, que se traduce en una mayor dedicación de horas a aquellas personas que más lo necesitan.
El voluntariado de Cruz Roja Española trabaja en sectores sociales muy diversos: personas mayores, infancia y jóvenes en situación de vulnerabilidad, mujeres en dificultad social y ahora, en estos tiempos, personas afectadas por la crisis.
El perfil tipo del voluntariado de Cruz Roja está igualado en género; está mayoritariamente entre los 30 y 40 años (el 31,37%), más del 40% tiene estudios superiores, y el 22% es estudiante.
Para Cáritas, el voluntariado es insustituible en su acción. Sus 70.229 voluntarias y voluntarios representan más del 90% de las personas que colaboran en los diferentes niveles de la organización y constituyen el principal capital de Cáritas, tanto en sus acciones con los colectivos en situación de exclusión y vulnerabilidad, como en las labores de sensibilización social. Desde las comunidades parroquiales y los proyectos especializados, el trabajo de las personas voluntarias en Cáritas es la realización del compromiso comunitario, fraterno y solidario con los últimos y no atendidos de nuestra sociedad.
La Plataforma del Voluntariado de España ha puesto en marcha, a través de sus 77 entidades y platafomas de voluntariado en gran parte de España, un programa general de formación y promoción del voluntariado que permita mejorar su acción buscando un voluntariado con mayor calidad y adaptado a la multitud de sectores y grupos de población en los que actúa. En el último año, se ha iniciado un programa dirigido a la acreditación de las habilidades obtenidas a través del voluntariado que permite el reconocimiento social de las personas voluntarias y facilita su inserción laboral.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) desarrolla actuaciones de capacitación y formación de voluntariado, tanto propio como ajeno, en conocimientos técnicos y habilidades dirigidos a la atención de personas en riesgo de exclusión social, para su inserción socio-laboral, acceso a la vivienda, sanidad y educación, así como en nuevas tecnologías y redes sociales. Se incluye formación online para el voluntariado, jornadas de formación de personas en situación de pobreza y/o exclusión para el fomento de su participación social y jornadas de transmisión de valores solidarios y fomento del voluntariado en centros educativos.
La Asociación Española contra el Cáncer realiza un programa dirigido a la formación de las personas voluntarias en acompañamiento a personas enfermas, a pacientes de cáncer y familiares en hospitales y acompañamiento a pacientes de cáncer y/o familiares fuera de los centros hospitalarios.
También, se subvencionan programas de acompañamiento voluntario a jóvenes para actividades educativas, de tiempo libre o de inserción socio-laboral.
Gracias a las aportaciones de las personas que marcaron la casilla de Actividades de Interés General consideradas de Interés Social en su declaración de la Renta, este año se van a poner en marcha un total de 1.135 programas de acción social, desarrollados por 447 entidades de acción social.
Marcar la casilla “X Solidaria” es un gesto solidario que no cuesta nada, de modo que la persona contribuyente, al hacer la declaración de la Renta, no va a tener que pagar más ni le van a devolver menos.
ADEMÁS, -MUY IMPORTANTE-, puede marcar la casilla de la Iglesia Católica junto con la de Actividades de Interés General consideradas de Interés Social, y de esta manera, destinará un 0,7 % a cada una de ellas. Simultaneando las dos casillas, la ayuda no se divide, se suma.

viernes, 16 de mayo de 2014

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE FAMILIAS Y DISCAPACIDAD

"Mayor preocupación padres discapacitados es qué pasará con hijo cuando falten"

Vida | 15/05/2014

Barcelona, 15 mayo de 2014 (EFE).- "Lo que más preocupa a los padres y madres de las personas con discapacidad intelectual es qué pasará y quién cuidará a sus hijos cuando ellos falten", ha asegurado hoy Ann Turnbull, codirectora del Beach Center on Disability de la Universidad de Kansas (EEUU).
Turnbull ha participado hoy en el II Congreso Internacional sobre Familias y Discapacidad, que se celebra hasta mañana en Barcelona con la asistencia de medio millar de expertos procedentes de EEUU, Suecia, Portugal y España.

El Congreso, organizado por la Universidad Ramon Llull, la confederación española (FEAPS) y catalana (Dincat) de entidades de la discapacidad, tiene por objetivo "ofrecer claves a los profesionales del sector para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, a partir de un modelo de atención centrado en los mismos familiares".

Turnbull ha presentado las conclusiones de un estudio internacional que ha analizado las necesidades más importantes que tienen familias de España, Estados Unidos, China, Turquía y Colombia.

"Lo que necesitan no difiere mucho de un país a otro", ha explicado la experta norteamericana, que ha resumido las necesidades que tienen en "apoyos y ayudas económicas para afrontar el sobreesfuerzo que han de hacer para cuidar y garantizar el futuro de la persona con discapacidad".

También necesitan, según el estudio, apoyo para poder conciliar la vida laboral y personal y más y mejor información y orientación, además de tener garantizado el acceso a recursos educativos y terapéuticos.

El congreso también tiene como objetivo promover un cambio en el trabajo de los profesionales con las familias, para pasar de un modelo de experto -donde el conocimiento únicamente lo tienen los profesionales- a otro centrado en la familia, donde los padres y madres tengan un papel más activo y trabajen conjuntamente con ellos para establecer los objetivos y las metodologías que utilizar en el desarrollo de su hijo.

"Nosotros no podemos decir a las familias qué tienen que hacer", ha dicho Robin McWilliam, director del Siskin Center for Child and Family Research en Chattanooga (EEUU).

Para McWilliam, "si las familias tienen más herramientas, dependerán menos de los profesionales y podrán resolver ellas mismas los problemas y las situaciones" y, en definitiva, también utilizarán menos recursos públicos.


Las conclusiones de este congreso, que concluirá mañana viernes, serán trasladadas a las Naciones Unidas para incorporarlas en un documento dentro del Año Internacional de las Familias.

martes, 6 de mayo de 2014

5 de mayo, Día Europeo de la Vida Independiente

FEAPS reclama al Gobierno una evaluación del impacto de las políticas de austeridad sobre las medidas de protección social

.- FEAPS se suma de este modo al Día Europeo de la Vida Independiente y la campaña “Stop Disability Cuts” (#StopDisabilityCuts), impulsados ambos por la Red Europea de Vida Independiente (ENIL) en todos los países de la UE.
.- En Europa 1 millón de personas con discapacidad están institucionalizadas (1 de cada 5). En los hogares españoles en los que conviven personas con discapacidad la media de ingresos es hasta un 25% más baja, y el 73,8% de estas personas tienen dificultades para pagar las cosas esenciales debido a que disponen de unos ingresos muy limitados.

Madrid, 5 de mayo de 2014. Ayer se ha celebrado en toda Europa el Día de la Vida Independiente. Con este motivo, la Red Europea de Vida Independiente impulsa la campaña “Stop Disability Cuts” (#StopDisabilityCuts), con el fin de sensibilizar sobre los desproporcionados efectos de las medidas de austeridad tantos de la UE como de los diferentes gobiernos nacionales sobre las vidas de las personas con discapacidad.

Como resultado de la crisis económica en Europa, está aumentando la discriminación y la marginación del colectivo de personas con discapacidad. Estas personas todavía tienen multitud de barreras en la plena inclusión en la comunidad. Pero ahora, fruto de los incesantes recortes decretados por las diferentes administraciones públicas en las políticas relacionadas con la autonomía personal y la vida independiente, sobre este colectivo se cierne una seria amenaza de marginación, debida fundamentalmente al incremento de la pobreza y a la vuelta a su confinamiento en residencias y centros. Una institucionalización que ya afecta a 1 millón de personas en la Unión Europea (1 de cada 5 personas con discapacidad), y que supone un retroceso de décadas en lo conseguido por organizaciones como FEAPS, y una vulneración del derecho a la plena inclusión en la comunidad.
En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los hogares en los que conviven personas con discapacidad, la media de ingresos es hasta un 25% más baja, y el 73,8% de estas personas tienen dificultades para pagar las cosas esenciales debido a que disponen de unos ingresos muy limitados (el primer dato pertenece a la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía y situaciones de dependencia (EDAD 2008) y el segundo a la Encuesta de Integración Social y Salud (2012).
Por este motivo, FEAPS reclama que las políticas de austeridad que está adoptando nuestro Gobierno garanticen en todo caso el mantenimiento de los niveles de protección social conseguidos para el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que se evite la disparidad de aplicación de estas políticas entre las diferentes comunidades autónomas y que se evalúen las consecuencias que este impacto está teniendo en los derechos de este colectivo especialmente vulnerable (en línea con lo apuntado en el informe del Comisario de para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Recomendación de la Comisión de 20 de febrero de 2013 “Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas”).
La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce el derecho de estas personas “a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias” (artículo 28) junto con la garantía de “acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo para la comunidad, incluida la asistencia personal” (artículo 19).
Además, España es uno de los países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 11 reconoce el derecho de toda persona “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia”, incluso “alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.
El informe emitido en junio de 2012 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomienda a nuestro gobierno que revise las reformas adoptadas en el contexto de la actual crisis económica y financiera para garantizar que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no perjudiciales. También insta al Estado español a velar por que las disparidades entre comunidades autónomas en términos de inversión social y de los diferentes recortes realizados en los servicios públicos de bienestar social, no resulten en un disfrute inequitativo o discriminatorio de los derechos económicos, sociales y culturales.
En 2013, FEAPS publicó un informe sobre “La regulación de la participación económica del beneficiario en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD)”, desde hace tiempo, FEAPS viene constatando la acumulación y dispersión de gran cantidad de cambios normativos que de forma aislada están incidiendo negativamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

domingo, 4 de mayo de 2014

La ONU defiende el derecho de las personas con discapacidad a votar, casarse o formar una familia

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU afirmó el pasado martes que existe "un malentendido general" de los países sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.


Así lo destacó este Comité al hacer pública dos Observaciones Generales sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las que subrayó que la capacidad jurídica no depende de "evaluaciones discriminatorias sobre la capacidad mental" y que la accesibilidad es fundamental para el disfrute de los derechos humanos en igualdad de condiciones.
"El respeto a la libertad de tomar decisiones debe concederse a todas las personas con discapacidad, sin importar cuánto apoyo necesitan", dijo Theresia Degener, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este sentido, Degener señaló que las personas con discapacidad, "incluidas las personas con deficiencias psicosociales o cognitivas, deben contar con apoyo en la toma de decisiones", incluso cuando se piensa que en su "interés superior".
Así, el artículo 12 de la Convención consagra la igualdad de reconocimiento ante la ley, afirmando que "los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida".
"En la práctica, sin embargo, a muchas personas con discapacidad se les niega la capacidad jurídica, a menudo sobre la base de evaluaciones de las capacidades mentales, y se ven privadas de los derechos fundamentales, incluido el derecho al voto, el derecho a casarse y fundar una familia, y el derecho a la libertad", añadió el CDPD.

OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS

A este respecto, el Comité aseguró que "hay un malentendido general de las obligaciones de los Estados con arreglo al artículo 12 y una falta de reconocimiento de la importancia de 'la toma de decisiones con apoyo'". En cambio, "la toma de decisión sustituida", que insta a los demás a hacerlo en nombre de la persona con discapacidad, es "común" en los casos tutela o en las leyes de salud mental que permiten el tratamiento forzado.
Por ello, el CDPD, que supervisa la aplicación de la Convención, se ha visto obligado a aclarar las obligaciones de los países conforme al artículo 12 de este instrumento jurídico internacional, al señalar que "están obligados a proporcionar a las personas con discapacidad una amplia gama de apoyo que puedan necesitar para tomar decisiones que tienen efectos jurídicos".
"El apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad", señala la Observación General del CDPD, que reconoce que a veces no es posible determinar exactamente lo que quiere un individuo, pero, en estos casos, se deben tomar decisiones sobre "la mejor interpretación de su voluntad y sus preferencias", en lugar de basar las decisiones sobre lo que se considera el "interés" de la persona.

ACCESIBILIDAD PARA TODOS

Por otro lado, el CDPD subrayó que "la toma de decisiones con apoyo" está estrechamente ligada a la accesibilidad de los servicios, la información y la comunicación recogida en el artículo 9 de la Convención.
En su Observación General Número 2, el Comité recalcó la importancia de la accesibilidad porque permite que las personas con discapacidad puedan disfrutar y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás.
De hecho, indica que las personas con discapacidad se enfrentan a muchos obstáculos, por lo que considera "importante que la accesibilidad se aborde en toda su complejidad y abarque el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y los servicios".
En este sentido, la Observación General destaca que bienes, productos y servicios que se prestan al público deben ser accesibles a todos, sin importar si son de propiedad o prestados por una autoridad pública o por una empresa privada.
"Todos los productos nuevos, instalaciones, infraestructuras, tecnología y servicios deben ser diseñados para ser totalmente accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados deben establecer también plazos definidos de asignar los recursos adecuados para eliminar las barreras existentes. Las medidas de austeridad no son una excusa para no garantizar la accesibilidad gradual de las personas con discapacidad", enfatiza.

FUENTE:                 23/04/2014SERVIMEDIA

jueves, 1 de mayo de 2014

Discapacidad y trabajo




El trabajo decente, de calidad, es el modo más efectivo de romper el círculo vicioso de la marginalización, la pobreza y la exclusión social. Las personas con discapacidad se ven atrapadas en este círculo con frecuencia, y es necesaria la acción positiva para ayudarlos a salir de esa situación. Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad al obtener un empleo o al asumir su papel en la sociedad pueden y deben ser superadas a través de políticas, reglamentos, programas y servicios.

El Programa de discapacidad de la OIT promueve la igualdad de oportunidades y trato para las personas con discapacidad en readaptación profesional, capacitación y empleo, como está reflejado en el Convenio Nro. 159 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983, y el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre gestión de las cuestiones relacionadas con la discapacidad en el lugar de trabajo adoptado en 2001. La OIT busca aumentar el conocimiento sobre la capacitación y el empleo de personas con discapacidad, y para ello realiza investigación aplicada relacionada con políticas y prácticas, compila y disemina información, publica guías y manuales, y patrocina otras investigaciones e informes sobre el tema.
Fuente O.I.T