Por
la reforma de la Ley 39/2006, de Autonomía Personal
y
Atención a la Dependencia
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3 DE DICIEMBRE DE 2014
DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Con motivo del Día
Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, instituido por la
Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea, a escala mundial y europea,
y que cada año se celebra el día 3 de diciembre, el movimiento social español de
la discapacidad articulado en torno al CERMI hace público el siguiente
MANIFIESTO
La promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas
en situación de dependencia, debió suponer un avance significativo en la
extensión e intensificación de los derechos sociales de amplias capas de la
población que por razón de edad avanzada o discapacidad, originaria o
sobrevenida, precisan de apoyos para su autonomía individual y su participación
comunitaria en condiciones de igualdad y dignidad.
El nuevo dispositivo de protección social, el
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado por esta
Norma legal, debía comenzar a reparar definitivamente el déficit histórico que
en esta esfera presentaban las precarias y débiles estructuras de bienestar en
España. La consagración normativa de la promoción de la autonomía personal y la
atención a las personas en situación de dependencia como derecho subjetivo que
llevó aparejada la Ley 39/2006, a pesar de sus deficiencias, inauguraba una
nueva forma de concebir y aplicar las políticas sociales que generó enormes
expectativas en todo el tejido social, que consideraba esta legislación como
una conquista irreversible que permitiría mejorar las condiciones de vida y de
ciudadanía de grupos sociales en situación estructural de vulnerabilidad.
Transcurridos más de siete años desde la
aprobación de esta Ley, la implantación y despliegue de este nuevo sistema de
protección y del derecho social en que se traducía, se ha enfrentado a un
sinfín de vicisitudes, entre ellas, y como más relevante, la virulenta crisis
económica y social que ha azotado a España en este período y que ha sacudido
con violencia las arquitecturas de bienestar, siempre insuficientes, que han de
caracterizar a un Estado como el español, que constitucionalmente se define
como social. Esta adversa coyuntura económica, que ha inducido a aplicar
feroces políticas de recorte de gasto público, en combinación con otros
múltiples factores -políticos, sociales y de gobernanza del sistema- han
determinado que los propósitos con que nació la Ley en buena parte se hayan
visto malogrados, dejando sin respuesta a las acuciantes necesidades sociales
que venía a colmar.
Uno de los aspectos que sin duda más rechazo
ha suscitado en estos años de despliegue del SAAD por parte de las potenciales
personas beneficiarias de la Ley, generando más cotas de frustración, ha sido
el de la regulación de todo lo relativo a la capacidad económica y la
participación en el coste de las prestaciones, conocido popularmente como
“copago”, que ha sido percibida como una reglamentación carente de equidad y
justicia material, próxima a lo confiscatorio y que más que invitar a ejercer
el derecho subjetivo, expulsaba a las personas mayores y a las personas con
discapacidad destinatarias naturales del sistema, por lo gravoso de sus
exacerbados requerimientos en materia de aportación económica.
Entre las personas con discapacidad y
personas mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía individual y
su participación comunitaria, las mujeres y niñas con discapacidad y las madres
cuidadoras o asistentes de personas con discapacidad, por su situación
estructural de mayor exclusión, por razón de género y discapacidad, sufren
particularmente los efectos del copago confiscatorio, impidiendo el apoyo a los
apoyos sociales imprescindibles o restringiendo o suprimiendo los escasos y
precarios que venían recibiendo, ahondando su situación de desventaja objetiva,
abocándolas aún más a la pobreza y a la exclusión social.
Esta desacertada y más que injusta regulación
de los aspectos económicos de participación en el coste de las prestaciones,
que comporta un riesgo real de vaciar el derecho creado por la Ley, ha de ser
corregida de inmediato y así lo avala no solo la opinión mayoritaria de los
movimientos sociales de personas mayores y personas con discapacidad y sus
familias, sino también el criterio de los profesionales de los servicios
sociales y de las personas expertas y analistas que ha fijado su posición en
una multiplicidad de estudios e informes sobre la Ley 39/2006 desde su
aprobación y a la vista de los desarrollos que ha ido teniendo en estos años de
vigencia.
Con el fin, pues, de reorientar y fortalecer
este dispositivo de protección social, dotándolo de mayor equidad y apertura, y
contrarrestando los efectos perversos evidenciados en estos primeros años de
desarrollo, resulta urgente e imprescindible modificar la Ley 39/2006 para establecer
criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y
la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y
atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y
hombres con discapacidad y de edad avanzada.
Para el movimiento social de la discapacidad
organizado en torno al CERMI, esta reforma legal debe pasar por:
· .- Modificación del artículo 14 de la vigente Ley, para precisar que será
también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la
participación en el coste de las prestaciones, al igual que ocurre ahora con la
capacidad económica. De igual modo, respecto de este mismo artículo, se deben ampliar
los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta
como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la
situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida
de la persona beneficiaria.
· .- Modificación del artículo 33 del texto legal para incorporar diversas
garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de
participación en el coste de las prestaciones que reciben, como la exención de
aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-); la limitación máxima en la
participación, que quedaría fijada en el 60 por ciento del precio de referencia
del coste del servicio; o, en fin, la seguridad de un mínimo para gastos
personales, que no sería inferior al 40 por ciento de la capacidad económica.
Con estas medidas, que posteriormente tendrán
su concreción reglamentaria, se eliminarían trabas de importancia en la
aplicación equitativa de Ley 39/2006, robusteciendo el carácter de derecho
subjetivo y ampliando el universo de personas que en situación real de
necesidad podrán acogerse a sus prestaciones y servicios.
Para conseguir esta reforma legal
inaplazable, el CERMI anuncia, en el Día Internacional y Europeo de las
Personas con Discapacidad 2014, la puesta en marcha de una Iniciativa
Legislativa Popular, con arreglo a lo establecido en la Constitución
Española y en la Ley Orgánica 3/1984, de
26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, con el propósito
de recabar en los próximos meses 500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que
permita llevar esta propuesta de cambio legal a las Cortes Generales para su
aprobación.
El movimiento organizado de la discapacidad
hace un llamamiento al conjunto de la sociedad española para solidarizarse con
estos objetivos plasmando su respaldo en la firma masiva de la Iniciativa
Legislativa Popular para la aprobación de la “Proposición de Ley de
modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en
materia de participación en el coste de de las prestaciones y servicios de las
personas beneficiarias”.
3 de diciembre de 2014.
Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad
CERMI
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